Los clubes sociales de la zona de Windber, en Pensilvania, instan a los legisladores estatales a aprobar una ley que regule las máquinas de juegos de destreza antes del plazo del 13 de octubre, fecha a partir de la cual las máquinas pasarán a ser ilegales y podrán ser decomisadas por las autoridades. Al miércoles, no se había aprobado ningún proyecto de ley y el reloj marcaba seis días restantes. La advertencia de los clubes es directa: si se pierden los ingresos de las máquinas, la comunidad pierde las donaciones que vienen con ellos.
Esa advertencia merece tomarse en serio, porque describe cómo sobreviven en realidad muchas instituciones de pueblos pequeños. Los clubes locales que sostienen a sus comunidades rara vez lo logran solo con su actividad principal; lo hacen con los ingresos secundarios que reinvierten en el pueblo. En Windber, esos ingresos secundarios son los juegos de destreza: máquinas terminales cuya legalidad ha sido cuestionada hasta la máxima corte del estado. Esto se conecta con nuestro artículo anterior, Cómo los pequeños clubes locales de fútbol sostienen comunidades enteras.
Las cifras detrás del argumento son concretas. Brock Smith, del Polish Falcons Club, Post 97, dijo que el club ha donado más de $120,000 a la comunidad en los últimos tres años, incluyendo a organizaciones juveniles y al deporte, además de más de $45,000 en becas. Alex Firm, encargado de la sede social del Windber Moose, dijo que el club ha donado más de cien mil dólares en los últimos dos años a cuarteles de bomberos, departamentos de policía, distritos escolares, ligas infantiles y becas estudiantiles. Lindsay Mihalko, comandante del Windber VFW Post 795, dijo que el club dona "miles de dólares en toda la comunidad": a veteranos, al departamento de policía, al de bomberos y al deporte de los distritos escolares.
¿Qué pasa si el plazo vence sin una ley?
Las máquinas pasan a ser ilegales y serán decomisadas por las autoridades. Esa es la consecuencia mecánica de la decisión de la Corte Suprema de Pensilvania, que declaró ilegales las máquinas de juegos de destreza y otorgó un plazo de 120 días para retirarlas. Según WJAC, el representante Carl Metzgar describió ese plazo como una oportunidad para que la legislatura redactara una nueva ley que regulara y gravara las máquinas, una oportunidad que, según dijo, ya se cerró porque la legislatura no logra ponerse de acuerdo sobre impuestos y regulación.
Los clubes dicen que las consecuencias prácticas irían más allá del libro de donaciones. Firm dijo que el Moose podría verse obligado a subir los precios de la comida, los licores y la cerveza. James Byrne, fideicomisario del Windber Slovak Educational Club, fue más lejos: "Veo a algunos de los clubes cerrando. De verdad". Agregó que mucha gente trabaja en la industria relacionada y perdería su empleo. Los líderes de los clubes también advirtieron sobre despidos.
¿Por qué Harrisburg no ha resuelto esto?
Porque los dos partidos quieren gastar el dinero de forma distinta. Metzgar dijo que los republicanos quieren que los impuestos recaudados de las máquinas se queden en la zona local, mientras acusó a los demócratas de querer usarlos para "otro rescate del transporte masivo de Filadelfia", una postura que, según dijo, no puede aceptar. Esa es toda la disputa en una frase: no se trata de si regular o no, sino de a dónde va el dinero. Para una cobertura relacionada, vea Cómo FSU puede usar a Central Arkansas para arreglar un inicio tambaleante.
También hay un empate de procedimiento. El representante Paul Takac dijo que, según entiende, los republicanos del Senado indicaron que querían liderar la legislación sobre juegos de destreza, "aunque ni siquiera han podido aprobar los proyectos de sus propios miembros". Takac dijo que está dispuesto a considerar cualquier solución razonable que genere ingresos nuevos suficientes y garantice un marco legal seguro y equitativo, pero que los republicanos del Senado primero deben demostrar que pueden aprobar algo.
¿Cuál es la salida de último minuto?
Dos senadores estatales pidieron a la Corte Suprema de Pensilvania posponer el plazo del 13 de octubre hasta el 10 de febrero, para dar a los legisladores más tiempo. Los mismos senadores proponen una legislación bipartidista que establecería una cuota mensual de $500 por terminal, estimada en generar $700 millones en ingresos adicionales para el estado. Según WJAC, el proyecto aún no ha sido presentado formalmente y la Corte Suprema aún no ha respondido a la petición. Varios legisladores contactados para comentar estaban en sesión y no habían respondido.
La cifra de $500 por terminal es el número a vigilar. Convertiría una ambigua zona gris legal en una industria gravada y con pagos de cuotas, que es lo que piden los clubes y lo que el plazo de retiro de la corte estaba destinado a forzar. Si sobrevive al choque por el reparto de ingresos descrito arriba es la pregunta abierta.
Por qué esto importa más allá de Pensilvania
Porque es un estudio de caso sobre lo que pierden las instituciones comunitarias cuando desaparece una sola fuente de ingresos. El patrón es familiar para quien estudia cómo se financian las pequeñas organizaciones deportivas y sociales: las cuotas de membresía y las ventas del bar rara vez cubren el edificio, y mucho menos las donaciones. Los clubes de Windber canalizan los ingresos de las máquinas hacia cuarteles de bomberos, programas policiales, deporte escolar y becas: la infraestructura silenciosa de un pueblo. Cortar ese tubo no hace desaparecer el costo; recae sobre el pueblo, en forma de precios más altos en el club, menos becas o un salón cerrado.
La respuesta de Byrne es el paso organizativo: "Empiecen a llamar. Hay números. Llamen a los legisladores. Llamen a todos los que puedan encontrar". Acusó a legisladores no identificados de sentarse sobre el proyecto, diciendo que quienes sean "tienen que quitarse las manos de encima" y llevarlo al pleno. Si la presión pública mueve la petición de prórroga o el proyecto de cuotas por terminal en seis días, es algo que se desconoce. Lo que está establecido son las apuestas: una fecha de decomiso ordenada por la corte, un proyecto sin aprobar y un modelo de financiamiento de la vida cívica de los pueblos pequeños pendiendo de ambos.